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La deuda de las Universidades Nacionales

Declaración de la III CRES 2018

La III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) realizada en junio de 2018 en la provincia de Córdoba a cien años de la Reforma Universitaria, reafirma el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado.

Estos principios se fundamentanen la convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración solidaria latinoamericana y caribeña.

Los siguientes párrafos resumen las conclusiones de la Conferencia Regional, de la que participaron Rectores, Decanos, Académicos, Trabajadores, Estudiantes, Redes, Asociaciones Profesionales, Centros de Investigaciones, Sindicatos, Representantes de Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales para discutir criterios, formular propuestas y líneas de acción que consoliden la educación superior con responsabilidad de los Estados.

La declaración reivindica “la autonomía que permite a las instituciones de educaciónsuperior (IES) ejercer su papel crítico y propositivo frente a la sociedad sinque existan límites impuestos por los gobiernos, las creencias religiosas, elmercado o los intereses particulares. La defensa de la autonomía de las IESes una responsabilidad ineludible y de gran actualidad en América Latina yel Caribe y es, al mismo tiempo, una defensa del compromiso social de laeducación superior.”

Pensar que la educación, la ciencia, la tecnología y las artes resolverán los problemas acuciantes de la humanidad es importante pero no suficiente.Ellas deben ser así un medio para la libertad y la igualdad, garantizándolas sin distinción social, género, etnia, religión ni edad. El diálogo de saberes para ser universal ha de ser plural e igualitario, para posibilitar el diálogo de lasculturas.

La ciencia, las artes y la tecnología deben constituirse en pilares de una cooperaciónpara el desarrollo equitativo y solidario de la región, basadas enprocesos de consolidación de un bloque económicamente independientey políticamente soberano.

La educación no es una mercancía. Por ello, demandamos a nuestros Estados nacionales a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercioque impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo, o alientenformas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo. Eneste contexto, instamos a incrementar los recursos destinados a la educación,la ciencia, la tecnología y las artes.

En consonancia con el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda deDesarrollo adoptada por la UNESCO (Agenda Educación 2030), instamos a los Estadosa promover una vigorosa política de ampliación de la oferta de educación superior, la revisión en profundidad de los procedimientos de acceso al sistema, la generación de políticas de acción afirmativas -sobre la base de género, etnia, clase y discapacidad- para lograr el acceso universal, la permanencia y la titulación.

Las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un papel preponderante en la promoción y fortalecimiento de las democracias latinoamericanas y caribeñas, rechazando las dictaduras y atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región.

El principio declarativo sobre la educación superior se conjuga en el marco jurídico y los textos normativos de la UNESCO, se inscribe en un entramadoconceptual humanista, con un enfoque de desarrollo humano y de factor demovilidad social, transformador de la vida de los hombres y de su realidad. Bajo la consideración y compromiso militante, se exalta el acceso, la equidad, la inclusión, la calidad, el aprendizaje y la pertinencia. Los compromisos, desafíos yretos que debemos enfrentar son muchos y responden al firme propósito deconsolidación de nuestros sistemas e instituciones.

Frente a estos postulados, pensando en trabajar seriamente por ellos, surgen dudas de todo tipo.

La primera, ¿los Estados de Latinoamérica y el Caribe son libres de tomar decisiones sobre la política educativa y su financiamiento? Y la respuesta hoy es claramente: no. Al ser la Educación pública una inversión de los recursos corrientes, en la medida que los países no son económicamente soberanos no pueden definir ni qué porcentaje del Presupuesto Nacional aplicarán a la Educación en general, a la Educación Superior en particular ni, menos aún, con qué planificación estratégica.

La segunda, nuestros Gobiernos, el Nacional, los Provinciales y los de las Universidades ¿están comprometidos con las conclusiones del III CRES? En general estas autoridades no participaron de la Conferencia. Tampoco adquirieron compromiso explícito alguno, en nombre de sus representados, de avanzar en el sentido propuesto.

 ¿Qué nos queda? Un camino complejo, en el que los actores comprometidos en este desafío no van a estar, en términos generales, respaldados por sus gobiernos, ni en el ámbito de las Universidades, ni en las provincias ni en las naciones.

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