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El Gobierno Universitario en la Gestión Pública

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La Ley Nacional de Educación Superior Nº 24.521 alcanza a las universidades e institutos universitarios estatales o privados autorizados y a los institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada, todos los cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional.

El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales de gestión pública. La responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional implica garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley.

Las instituciones universitarias tienen autonomía académica e institucional. La Ley establece que los estatutos de las instituciones universitarias nacionales deben prever sus órganos de gobierno, tanto colegiados como unipersonales, así como su composición y atribuciones. Los órganos colegiados cumplen funciones normativas, de definición de políticas, en tanto los unipersonales desarrollan funciones ejecutivas.

En el caso de la Universidad Nacional de Jujuy el Estatuto establece cinco órganos de gobierno integrados por elección directa de los claustros. En su Título II fija que el gobierno de la Universidad es ejercido por la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior, el Rector, los Consejos Académicos y los Decanos de las Facultades.

Cada uno de ellos tiene atribuciones y deberes que se complementan de modo de llevar adelante las políticas que define la comunidad académica democráticamente, en el marco de la Ley de Educación Superior y del presupuesto que cada año le asigna el Congreso de la Nación.

En cada Facultad funciona un Consejo Académico integrado por dieciocho miembros, nueve Docentes, seis Estudiantes, dos Egresados y un empleado No Docente. Es presidido por el Decano y tiene la función principal de mantener actualizada la normativa académica e intervenir en los procesos de propuesta de nuevos planes de estudio, en la expedición de los Títulos de pregrado, grado y posgrado, en la designación de Docentes y en la distribución presupuestaria.

Los Decanos ejecutan, junto al Gabinete que lo acompaña durante los cuatro años de mandato, las políticas académicas y ejerce la administración de la Facultad. Cada Decano es el representante de la respectiva Unidad Académica.

De manera similar funciona, a nivel de Universidad, el Consejo Superior. El Cuerpo está integrado por veintidós miembros, los cuatro Decanos de las Facultades, nueve Docentes, siete Estudiantes, un Egresado y un No Docente. Es presidido por el Rector e interviene en cuestiones propias del funcionamiento general de la Universidad, como ser, la distribución entre todas las dependencias del presupuesto general asignado a la Universidad. El Rector es el representante de la Universidad Nacional de Jujuy.

En el plano de la realidad, desde 1984 la universidad en la Argentina se ha venido descompensando en la medida en que se expandía. Fue, por un lado, dinámica y, por otro lado, conservadora. Se caracterizó por desarrollar nuevas funciones, actividades y sectores sin dedicar un esfuerzo proporcional a la actualización y perfeccionamiento de los ya establecidos.

Los equipos directivos de las facultades se hicieron cargo de compatibilizar la presión del ingreso masivo de Estudiantes con plantas de personal de baja dedicación y escasa retribución mientras que los equipos centrales fueron responsables del financiamiento y de los apoyos externos.

Entre 1991 y 1996 se dotó al Ministerio de Educación con personal de una fuerte capacidad técnica, en condiciones de dar servicios a las universidades nacionales, constituyendo un polo de desarrollo que llenó el vacío que había creado el funcionamiento vacilante de la red de relaciones horizontales, como por ejemplo el Consejo Interuniversitario Nacional.

Con este escenario, las Universidades Nacionales resignaron parte de su protagonismo en la definición de las políticas públicas en materia de Educación Universitaria, lo que generó consecuencias complejas.

El debate académico y científico en el seno de la comunidad educativa se redujo a una mínima expresión y comenzó a naturalizarse la aceptación de programas con condiciones y objetivos comunes a todas las universidades como único mecanismo de obtener financiamiento para mejorar las condiciones de enseñanza. De esta manera se perdió de vista una buena parte de nuestra misión vinculada con el medio.  

“Siempre se trata de concebir a la Universidad como parte de la vanguardia en las luchas por la justicia social” escribía Adolfo Luis Stubrin en Santa Fe el 5 de mayo de 2001. Es el momento de hacernos cargo.

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