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Régimen de promoción de la Economía del Conocimiento: es Ley

La Economía del Conocimiento incluye a aquellas actividades productivas que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requieren capital humano altamente calificado.

Durante más de doscientos años, diferentes gobernantes del territorio que hoy conocemos como República Argentina, comunicaron a la ciudadanía un discurso vinculado a la imperiosa necesidad de agregar valor a la producción local a través de la incorporación de procesos de manufactura que conviertan recursos naturales en productos consumibles de manera masiva o bien por medio de la generación de patentes, innovaciones tecnológicas o, al menos, bienes o servicios a medida, distintivos, que surgen de la creatividad y del conocimiento.

Actualmente, como en la mayoría de estos dos últimos siglos, la economía y la institucionalidad del país está en manos de media docena de empresas gigantes transnacionales vinculadas con la producción masiva de granos y sus accesorios. Mediáticamente tienden redes ocultas o evidentes para que un número altamente representativo de argentinos y argentinas defiendan al “Campo”.

Esta realidad virtual logra suprimir para los desprevenidos la distinción entre el Campo entregado a la “patria financiera”, esto es el Campo que cambia los recursos naturales de todos por dólares para unos. Desde el Estado nunca, en ningún gobierno, se ha avanzado seriamente para transparentar esta irracionalidad. Y cuando se intentó, el proceso se vio interrumpido “por las buenas” o “por las malas”.

Cuando el Presidente y dueño del “Unicornio” Mercado Libre, empresa argentina de Tecnología que este año facturará 2.400 millones de dólares (el presupuesto 2021 para la totalidad de las Universidades Nacionales será de 1.500 millones de dólares, a título comparativo) se retira a Uruguay por “su cansancio” a causa de la inestabilidad permanente de nuestro país, contribuye a fortalecer, consciente o inconscientemente, el modelo agro exportador que nos condena a un 40% de pobreza estructural y a un 50%  de desempleo formal, para siempre.

Pese a que parecería una decisión natural fomentar la creación y el crecimiento de Empresas Tecnológicas que a través de actividades empleen el conocimiento para generar ganancias exportando y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no lo fue. La sanción de la versión original de esta Ley 27506 de Promoción de la Economía del Conocimiento data del 10 de junio de 2019 (algo más de un año atrás). Producto de marchas, contramarchas, intereses cruzados y lobbies de los actores involucrados, recién luego de un extenso debate, de modificaciones al texto original de la Ley en la Cámara de Diputados en junio de 2020, de cambios introducidos por el Senado hace unos días, la Cámara Baja aprobó sus modificaciones el pasado 8 de octubre a las 02:34 am y por 133 votos positivos, 5 rechazos y 88 abstenciones.

Estas últimas corresponden al interbloque de derecha “Juntos por el Cambio” presidido por el Diputado Mario Negri, quien denunció que las modificaciones reducen parcialmente los beneficios para las grandes empresas del sector.

Los rechazos de la Izquierda se fundamenten en el sentido contrario, es decir se fustigó la iniciativa ya que interpreta que no se quiere incentivar la Economía del Conocimiento sino avanzar hacia la "apropiación privada del conocimiento".

Desde el Frente de Todos y los Partidos provinciales que adhirieron a la iniciativa se explicó que la principal diferencia entre ambas sanciones radicaba fundamentalmente en el escalonamiento de los beneficios a las empresas según su volumen, ya sean grandes, medianas o pequeñas. No se trata de una cuestión discriminatoria, señalaron, sino de administrar recursos escasos, como los fiscales, para que los mismos vayan a los que más los necesitan. De esta manera, el 60% de descuento del Impuesto a las Ganancias se aplicará para las Pequeñas Empresas, al tiempo que la reducción será de 40% para las medianas y 20% para las más grandes.

En este marco se decidió por enésima vez, en una votación dividida, ofrecer incentivos fiscales a empresas en crecimiento vinculadas con el verdadero desarrollo sostenible, es decir las vinculadas con la Industria del Software, la Aeroespacial y la Satelital, la Producción Audiovisual, las Ingenierías Genética y Nuclear, la Nanociencia, la Biotecnología y la Bioinformática hasta el 31 de diciembre de 2029.

Un requisito que deben cumplir las Industrias beneficiarias es realizar exportaciones de bienes de las actividades promovidas en un porcentaje respecto de su facturación total del último año de al menos el 4% para las Microempresas, 10% para las Pequeñas y Medianas Empresas y 13% para las Grandes Empresas.

Desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy venimos estimulando, desde 2004, la conformación de pequeñas y medianas Empresas o Cooperativas de desarrollo de Software. Esperamos que esta legislación sea respetada por la Nación Argentina y su aplicación, como en el caso de tantas otras normas, no quede sujeta a la influencia que las tapas de los Diarios ejercen sobre los Gobiernos.

 

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